Discriminatoria, irracional, contraria a la legislación europea de derechos humanos y a 300 años de tradición legal en Gran Bretaña. En estos términos, la Cámara de los Lores, máximo órgano de la justicia británica, declaró ayer ilegal la ley antiterrorista que el Gobierno de Blair introdujo en el 2001, que permite la detención indefinida, sin juicio, de sospechosos extranjeros.
La sentencia, una de las más duras pronunciadas nunca contra un Gobierno de este país, fue aprobada por amplia mayoría, ocho de los nueve jueces lores. "La verdadera amenaza para la vida de la nación y el sentido de la gente que vive con sus leyes tradicionales y valores políticos, no viene del terrorismo, sino de leyes como está", afirmó uno de los magistrados, Lord Hofman, al comentar la decisión.
En los últimos tres años, nueve hombres, todos extranjeros y musulmanes, han permanecido en prisiones británicas sin haber sido acusados de ningún delito. El Gobierno dice que son una amenaza para la seguridad nacional. Los detenidos no pueden saber en qué pruebas se basa esa acusación, lo que hace su defensa o su liberación imposible.
Lord Bingham, presidente del tribunal de los jueces lores, indicó que la ley contraviene la convención europea porque "permite la detención de sospechosos internacionales de terrorismo, de una manera que discrimina en materia de nacionalidad o estatus de inmigración".
HERENCIA El dictamen ha hecho pedazos la estrategia en materia de seguridad de Blair, sólo un día después de verse obligado a prescindir de su hombre de confianza, el ministro de Interior, David Blunkett, encargado de la lucha antiterrorista. Su sucesor, Charles Clarke, dijo ayer que, a pesar del veredicto, los 9 extranjeros seguirán en la cárcel hasta que se revise la ley.
La controvertida norma, llamada ley antiterrorista, fue introducida precipitadamente tras los ataques del 11-S en EEUU.
