En pocos terrenos tiene el potencial de resultar más devastadora la desconsideración de Donald Trump hacia los datos y el rigor y análisis de la ciencia que en la lucha contra el cambio climático, una realidad que ha llegado a despreciar como “un timo”. En pocos terrenos también es más obvia la obsesión del mandatario por gobernar deshaciendo el legado de su predecesor, Barack Obama. Se trata de un cóctel explosivo cuya fuerza ha cobrado forma este martes en la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), el paradójico escenario escogido por Trump para firmar una orden ejecutiva con la que sienta las bases para desmantelar los esfuerzos emprendidos por el gobierno federal en los últimos años para combatir el calentamiento global y las emisiones contaminantes.

La orden llega acompañada de otros memorandos y directrices encaminados también a deshacer otras regulaciones medioambientales de la era de Obama. El paquete de medidas, con efectos y acciones de numerosos departamentos, de Energía y Defensa a Interior o Justicia, se vende como un paso hacia la “independencia energética” de Estados Unidos y hacia la recuperación de empleos, aunque su efectividad para alcanzar esas dos promesas es ampliamente cuestionada dados los avances que han hecho el gas natural y las energías renovables. Y en la ceremonia en la EPA Trump ha asegurado que su meta es poner freno a la "intrusión del gobierno" y "cancelar regulaciones que matan empleos". "Hoy tomamos acción decidida con la que ponemos fin a la guerra al carbón", ha dicho, declarando también el inicio de "una nueva revolución energética".

Pese a sus palabras, numerosos procesos y retos legales para que las nuevas medidas entren en vigor hacen que la acción sea sobre todo simbólica políticamente. A nadie, no obstante, se le escapa la fuerza, la relevancia y el impacto de ese símbolo. Porque aunque Trump no ha hecho de momento realidad su promesa de campaña “cancelar” la adhesión de EEUU al acuerdo contra el cambio climático de París, por el que Obama comprometió al país a reducir para 2025 entre el 26 y el 28% de sus emisiones contaminantes respecto a los niveles del 2005, pero su retracción de las políticas de protección medioambiental lanza un claro y peligroso mensaje. Washington no está dispuesto a liderar en este campo y no garantiza cumplir sus compromisos, algo que abona el terreno para que otros países debiliten también sus esfuerzos.

EL PLAN DE ENERGÍA LIMPIA, PRINCIPAL DIANA

La principal medida de Obama que ponen en su diana Trump y el también negacionista que puso al frente de la EPA, Scott Pruitt, es el Plan de Energía Limpia, una iniciativa que regulaba las plantas eléctricas que funcionan con carbón y combustibles fósiles con la meta de reducir sus emisiones un 32% para 2030 y que habría obligado a cerrar a plantas obsoletas.

Ese plan, no obstante, lleva un año paralizado. Tras ser retado en los tribunales por fiscales de dos docenas de estados y por representantes de la industria, el Tribunal Supremo dictaminó que no puede entrar en vigor hasta que tome una decisión sobre su legalidad un tribunal federal inferior. Y aunque Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que deje de defender el plan en esos procedimientos, sus retos para demantelarlo son más. Estáobligado por ley a presentar un plan alternativo para sustituirlo, un proceso que Trump ha instado a la EPA a iniciar pero que puede demorarse. Y de igual manera que políticos conservadores y la industria demandaron el de Obama, la Administración republicana puede dar por seguro que la oposición política y los activistas medioambientales demandarán el suyo.

La arremetida de Trump contra las políticas medioambientales de Obama, no obstante, es contundente y tiene más frentes. El presidente, por ejemplo, ha eliminado el requisito de que las agencias federales tomen en consideración el impacto del cambio climático al tomar decisiones y pide recalcular lo que se conoce como el “coste social” de las emisiones, actualmente establecido en 36 dólares por cada tonelada de CO2. Tambiénlevanta el veto a nuevas minas en tierras federales y tanto en esos terrenos como en los tribales elimina la prohibición de usar la controvertida técnica de fracturación hidráulica.

Una parte fundamental del argumento de Trump y su Administración para justificar las medidas anunciadas hoy es que cumplen su promesa de recuperar trabajos perdidos. El consenso, no obstante, es que ni manteniendo abiertas plantas antiguas que funcionan con carbón ni con el resto de sus iniciativas cambiarán las tendencias en el sector energético, tanto de transición hacia el gas natural como de automatización de los trabajos en minas, donde según datos del Departamento de Energía los empleos han pasado de 88.000 en el 2008 a 66.000 en el 2015.