El Tribunal Constitucional de Turquía decidió ayer por unanimidad abrir un proceso de ilegalización contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que gobierna con casi la mitad de los votos de los electores del país, y que podría provocar la inhabilitación política durante cinco años de 71 de sus dirigentes, incluidos el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del Estado, Abdulá Gül. La acusación del fiscal general del Estado es que el Partido de la Justicia y el Desarrollo es "un núcleo de actividades antilaicas".

Era una decisión previsible dada la politización del sistema judicial turco que, en muchos casos, se considera en el país el último bastión del laicismo oficial junto a los militares. De hecho, en la historia republicana de Turquía, 26 partidos políticos han sido ilegalizados por el Tribunal Constitucional, desde nacionalistas kurdos a islamistas e incluso ecologistas, aunque los más afectados han sido los partidos de izquierda.

Tan solo 17 procesos de ilegalización han sido finalmente rechazados, lo que ha llevado a los analistas a criticar que el país se ha convertido en "una tumba de partidos políticos".

Como ya ocurrió la pasada primavera, cuando el Tribunal Constitucional invalidó el primer intento de elección presidencial de Gül, los jueces han vuelto a situarse frente a frente al Gobierno de Erdogan.

EL CALENDARIO Ahora, el PJD dispone de un mes para preparar su defensa, tras lo cual el tribunal deberá deliberar por un espacio de hasta seis meses y siete de sus 11 miembros deberían decantarse por la ilegalización para que sea efectiva. Algo no demasiado complicado si se echa mano de los números: ocho jueces del Constitucional fueron nombrados por el anterior jefe de Estado, Ahmet Necdet Sezer, ferviente opositor del partido islamista moderado de Erdogan.

"La nación responderá en las urnas, porque no tiene intención de ceder sus libertades", avisó Erdogan durante el fin de semana. Los dirigentes del PJD consideran que el proceso judicial podría influir positivamente en sus resultados. "Estamos llevando nuestra lucha por cauces democráticos. La historia no perdonará el intento de ilegalización de nuestro partido".

ENMIENDA Sin embargo, en la formación de Erdogan no se fían de los jueces y ya han preparado una enmienda constitucional a los artículos 68 y 69 que dificultará la ilegalización de los partidos, lo que ha enfurecido a la oposición y al sistema judicial, que lo consideran una injerencia "inmoral" en un caso abierto. Para su aprobación parlamentaria, el PJD tiene la vista puesta en los nacionalistas kurdos del Partido de la Sociedad Democrática (PSD), que se enfrentan a un proceso de ilegalización similar, al que Erdogan, en cambio, no se ha opuesto.