Tras cinco años de complejas negociaciones, los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) acordaron ayer establecer unas sanciones penales mínimas comunes de uno a tres años de prisión a quienes inciten públicamente a la violencia racista o nieguen el Holocausto. Pero para lograr la unanimidad necesaria, la presidencia alemana de la UE aceptó que la nueva normativa quede muy diluida.
El acuerdo, por ejemplo, eximirá a los estados que decidan primar el principio de la libertad de expresión de la obligación de imponer esas sanciones penales, a menos que esos comportamientos creen problemas de violencia y seguridad pública. El compromiso especifica que los países pueden elegir "solo penalizar las conductas que vayan a conducir a disturbios o que sean amenazantes o insultantes".
Estas concesiones fueron imprescindibles para lograr el voto favorable de Gran Bretaña, Irlanda y los países escandinavos.
