Los ministros de Justicia e Interior de la UE alcanzaron ayer un acuerdo político para penalizar como delitos la propaganda, la inducción, el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas a través de cualquier medio, en especial internet. El acuerdo obligará a los 27 estados de la UE a tipificar como delito esas conductas en su legislación nacional antes de acabar el año. La medida amplía el alcance de la ley marco comunitaria contra el terrorismo del 2002 para subsanar las lagunas detectadas y adaptar la legislación europea a las prácticas de los grupos terroristas, y en especial de los islámicos.

El modus operandi de los grupos terroristas y sus simpatizantes ha cambiando en los últimos años, señaló la presidencia eslovena de la UE. Los grupos estructurados y jerárquicos han sido sustituidos por "grupúsculos semiautónomos, ligados entre ellos con flexibilidad, que forman redes internacionales y que utilizan nuevas tecnologías, en especial internet", destaca el texto de la nueva normativa. Internet se ha convertido en el instrumento esencial de comunicación, propaganda y formación de los grupos terroristas, señala también Europol. Actualmente existen unas 5.000 direcciones en internet que incitan al extremismo en Europa, según el responsable de la coordinación antiterrorista en la UE, Gilles de Kerchove. Por ello, los Veintisiete consideran que internet funciona como "un campo de entrenamiento virtual" para esos grupos con "costes y riesgos muy bajos".

La nueva normativa otorgará a los estados el poder para obligar a los operadores de internet a retirar las páginas consideradas delictivas. El acuerdo precisa que se considerará delito el impartir instrucciones sobre fabricación y uso de explosivos, así como de armas y sustancias peligrosas, para cometer actos terroristas. Asimismo, serán delitos los robos, los chantajes y la entrega de documentos falsos para preparar un acto terrorista.

FUERA DE LAS FRONTERAS Los Veintisiete perseguirán judicialmente esos delitos incluso cuando se hayan cometido fuera de la UE. En España, el acuerdo exigirá pocos cambios en la legislación, porque varias de estas medidas ya se consideraban delito.

Los ministros subrayaron que "nada de lo dispuesto podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar derechos o libertades fundamentales, como la libertad de expresión, reunión o asociación, ni el respeto a la vida privada y familiar". Para evitar cualquier duda, establecieron que "la expresión pública de opiniones radicales sobre cuestiones sensibles, incluido el terrorismo, queda fuera del ámbito de la presente decisión".