La Unión Europea (UE) condenó ayer con firmeza el uso de pasaportes europeos falsificados para asesinar en Dubái al dirigente palestino de Hamás Mahmud Al Mabhuh el pasado 20 de enero. Pero la declaración oficial de la UE eludió condenar el propio asesinato del fundador del grupo armado de Hamás y evitó relacionar a Israel con esa falsificación de pasaportes, a pesar de que todos los indicios apuntan al Mosad, el servicio de espionaje israelí, como responsable de esa operación. El equipo que eliminó al dirigente de Hamás usó pasaportes y tarjetas de crédito falsos de ciudadanos británicos, alemanes, franceses e irlandeses, según la policía de Dubái.

La declaración del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores señala que el asesinato de Al Mabhuh "suscita cuestiones que son profundamente inquietantes para la UE" y "no conducirá a la paz y estabilidad en Oriente Próximo", pero no condena ese asesinato. Tuvo que ser el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien condenara "sin paliativos" esa "ejecución" en unas declaraciones públicas en París.

La UE, precisa la declaración oficial, "condena con firmeza el hecho de que quienes estuvieron involucrados en esa acción hayan utilizado pasaportes falsificados de estados de la UE y tarjetas de crédito obtenidas a través del robo de identidades de ciudadanos europeos".

La ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, justificó que no se condenara el asesinato del dirigente de Hamás porque la declaración se centraba solo en el uso fraudulento de pasaportes europeos, pero tampoco lo condenó al responder a los periodistas.

A pesar de que el Mosad ya falsificó pasaportes británicos en el pasado y de que los seis británicos a quienes se robó la identidad para la operación de Dubái residen en Israel, Ashton señaló que no hay pruebas de la responsabilidad israelí. No obstante, indicó que pediría explicaciones al ministro israelí de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, cuando cenara con él por la noche.

La UE expresó su respaldo a las investigaciones de Dubái y y los cuatro países afectados por la suplantación de identidades explicaron que efectúan su propia investigación.