El brexit sigue quemando etapas. En apenas dos minutos, los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete dieron ayer luz verde a las directrices de negociación para el período transitorio que arrancará el 30 de marzo del 2019, un día después del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE). Esta fase culminará el 31 de diciembre del 2020 y hasta entonces el Reino Unido tendrá las mismas obligaciones que el resto de los estados miembros pero sin poder de decisión real, lo que ha abierto otra brecha en el Gobierno de Theresa May.
El ala más dura del Partido Conservador, liderada por Jacob Rees-Mogg, considera que los términos de negociación que ofrece Bruselas les sitúan en una especie de vasallaje. Durante los 21 meses que durará la transición, Londres seguirá contribuyendo al presupuesto europeo (unos 10.000 millones al año), seguirá sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE y tendrá que aplicar todo el acervo comunitario, incluidas las leyes que puedan adoptar los Veintisiete.
Sin embargo, a partir del 29 de marzo del 2019, Londres no podrá participar en la elaboración de leyes europeas ni tendrá peso político, ya que se quedará sin el comisario europeo, sin sus 73 eurodiputados y sin representación en los consejos de ministros de la UE. El único contacto que los Veintisiete están dispuestos a mantener es puramente «consultivo» en cuestiones técnicas, como las cuotas pesqueras.
Los Veintisiete endurecen el tono y especifican que el Reino Unido no podrá participar en ninguna reunión de expertos ni de ningún órgano de estados miembros. Solo lo hará «de forma excepcional y caso por caso» cuando su presencia sea de interés para la UE o afecte a actos dirigidos a los británicos. El brexit «es decisión del Reino Unido y tiene sus consecuencias», recordó el negociador de la UE, Michel Barnier.
El documento subraya que las condiciones transitorias deberán estar «claramente definidas y precisamente limitadas en el tiempo» y que no deberán «ir más allá del 31 de diciembre de 2020». Un plazo inferior al que pretendía Londres -de dos años- y que Bruselas defiende porque coincide con la fecha en la que expira el actual marco presupuestario de la UE.
