La Comisión Europea presentó ayer a los 27 estados miembros de la UE una propuesta para desarrollar una política común de inmigración, que plantea normas más estrictas para los inmigrantes legales y controles reforzados para evitar la inmigración irregular. El comisario de Justicia y Seguridad, Jacques Barrot, indicó que su propuesta es "complementaria" a la que prepara Francia para su próxima presidencia de la UE.

Cada año entran en la UE entre 1,5 y 2 millones de inmigrantes legales y alrededor de unos 500.000 sin papeles . Además, son rechazados anualmente en las fronteras más de 911.000 inmigrantes irregulares. Por ello, es urgente disponer de una política europea con unas normas comunes, aunque dejen "gran margen de maniobra a los estados", según la Comisión Europea. Barrot destacó que la UE no debe cerrarse a la inmigración, porque necesita a los inmigrantes para su prosperidad económica y demográfica.

El Ejecutivo comunitario avala la idea francesa de un contrato de integración con la obligación de aprender la lengua y respetar los valores europeos fundamentales. El documento también rechaza las regularizaciones masivas, como la realizada por España, y solo admite "la posibilidad de realizar regularizaciones individuales basadas en criterios equitativos y transparentes". Barrot propugnó "definir un enfoque común en materia de regularización, en especial de las condiciones mínimas para el intercambio previo de información" entre los países de la UE.

REAGRUPACION FAMILIAR El documento propone evaluar el impacto de la directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes y estudiar la necesidad de revisarla. Barrot señaló que la UE y sus estados deben continuar la definición de las reglas de entrada y residencia de los inmigrantes.

Como la mayor parte de los inmigrantes irregulares entran en la UE como turistas, Barrot defendió la adopción de una política de visados, que permita "un control sistemático de los inmigrantes en cada una de las etapas de su viaje a la UE, y que utilice todos los avances de la biométrica y nuevas tecnologías.

La Comisión plantea, asimismo, la posibilidad de crear un dispositivo que obligue a los ciudadanos extracomunitarios a "obtener una autorización electrónica de viaje antes de desplazarse al territorio de la UE".