Los gobiernos de la Unión Europea (UE) podrán mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles hasta un máximo de 18 meses antes de su expulsión, según el acuerdo alcanzado ayer por los Veintisiete sobre el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes irregulares. La nueva ley europea, que deberá aprobar ahora el Parlamento Europeo, establece las normas comunes que deben aplicarse a los ocho millones de sin papeles que se encuentran actualmente en la UE.
Tras dos días de discusiones a nivel de embajadores, los Veintisiete lograron un acuerdo en el Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la UE sin que ningún Estado expresara su oposición al texto consensuado. Las disposiciones de la directiva no se aplicarán a los demandantes de asilo, ni a las personas rechazadas en las fronteras, que se rigen por otras normativas.
La nueva directiva establece que los estados de la UE emitirán una orden de expulsión a cualquier persona extracomunitaria "que se encuentre ilegalmente en su territorio".
CASO POR CASO Esta orden de expulsión se realizará caso por caso, basada en criterios objetivos, y tendrá un plazo de salida voluntaria de 7 a 30 días. Cuando venza ese plazo, los estados "tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir" la orden de expulsión, aunque "tales medidas serán proporcionadas y no irán más allá de un uso razonable de la fuerza", precisa el texto acordado.
Los Veintisiete podrán mantener detenidos a los sin papeles durante seis meses, prorrogables por otro periodo adicional de 12 meses, cuando exista el riesgo de fuga, la persona no colabore en su repatriación o el país de origen tarde en remitir la documentación necesaria.
La directiva acortará el periodo de detención máximo existente en 10 estados de la UE. La detención es ahora ilimitada en Gran Bretaña, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Dinamarca, Holanda, Grecia y Malta; y en Letonia puede llegar a 20 meses. Alemania tiene un plazo máximo de detención de 18 meses. En España, se limita a 40 días. Francia y Chipre tienen el plazo más corto: un mes.
El internamiento se realizará en centros especiales, deberá ser ordenado por escrito "con motivación de hecho y de derecho" y estará sometido a tutela judicial.
Las órdenes de expulsión podrán ir acompañadas de una prohibición de entrada de nuevo en el territorio europeo inicialmente de hasta cinco años. El plazo podrá ser superior si el inmigrante irregular "representa una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional".
DENUNCIAS EN FRANCIA Precisamente ayer se hizo público en Francia el informe anual de la Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y por la Igualdad (HALDE, en sus siglas en francés) referido al 2007. El estudio revela que, en un año, las denuncias por discriminación han aumentado un 53%, informa José A. Sorolla. Entre las reclamaciones presentadas, el mayor número (27,1%) invoca el origen étnico como dificultad para encontrar trabajo.
Todo lo relacionado con el empleo concentra la mayor parte de las quejas, más de la mitad de las 6.222 presentadas ante el organismo en el 2007 (en el 2006 fueron 4.058). Dentro de estas, en el sector privado, las reclamaciones pasan del 18% en el 2006 al 24% en el 2007.
