Colombia vive en el ojo del huracán. En plena espiral de escándalos, la revelación de prácticas sistemáticas de espionaje telefónico provocó ayer una depuración histórica en la cúpula de la policía con el cese de 12 generales de la institución, empezando por su director, el general Jorge Daniel Castro.

Sin ninguna orden judicial, la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) chuzaba (pinchaba) los teléfonos "de una amplia gama de personas que no estaban siendo objeto de ninguna investigación y entre quienes se encuentran miembros del Gobierno, de la oposición y periodistas", admitió el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

"Se pudo comprobar que quien realizó las grabaciones fue personal de la Dipol", reveló Santos. El ministro calificó ese procedimiento de "inaceptable, ilegal y contrario a la política del Gobierno". Asimismo, anunció "una investigación interna para dar con los responsables y sancionarlos de manera ejemplar", lo que se tradujo de inmediato en la purga policial.

El origen del escándalo está en otro escándalo. La revista Semana reveló que paramilitares detenidos en la cárcel de alta seguridad de Itaguí (en el oeste del país) ordenaban asesinatos, continuaban con sus actividades de narcotráfico y coordinaban desde sus celdas el rearme de sus hombres, pese a la desmovilización y el acuerdo de paz firmado con el Gobierno de Alvaro Uribe. Fue al investigar cómo se había filtrado esa información al semanario --que obtuvo decenas de grabaciones-- cuando el Gobierno descubrió el espionaje telefónico masivo, que se realizaba desde hacía dos años.

La situación debilita a Uribe, pues abre un interrogante sobre el grado de compromiso de las Fuerzas Armadas con él. Además, su panorama se antoja aún más complicado si se tiene en cuenta que ya son 13 los congresistas arrestados en los últimos meses por sus vínculos con grupos paramilitares.