El Tribunal Constitucional de Turquía cerró ayer el paso a que los militares rindan cuentas ante la justicia ordinaria al considerar contraria a la Carta Magna una reforma legal aprobada por el Parlamento turco en julio que permitía a los tribunales civiles juzgar a personal militar e impedía a las cortes castrenses juzgar a civiles en tiempos de paz.
En su informe sobre los progresos anuales de Turquía publicado el pasado octubre, la Comisión Europea aplaudió la reforma impulsada por el Gobierno del conservador Recep Tayyip Erdogan ya que suponía "alinear Turquía con las prácticas de la UE". Pero en un país donde los generales, autores de cuatro golpes de Estado en los últimos 50 años, conservan un gran poder político y económico, esta reforma no fue bienvenida y la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, kemalista laico), decidió plantear un recurso de inconstitucionalidad que ayer el alto tribunal aceptó por unanimidad.
DISCREPANCIA La sentencia del Constitucional ha sentado mal en el Gobierno, que ha manifestado su discrepancia a través de varios ministros. Al parecer del Ejecutivo se ha sumado el pequeño grupo de jueces demócratas que ha asegurado que el fallo es contrario "al principio natural del Derecho" y supone "impedir la posibilidad de luchar de manera legal contra los golpes de Estado". Y es que esta sentencia tendrá un efecto inmediato en los juicios contra la trama Ergenekon, una supuesta red golpista de ideología ultranacionalista en la que estarían implicados altos mandos del Ejército, cuya investigación había sido saludada desde la UE.
El veredicto constitucional es, además, un nuevo varapalo al Gobierno de Erdogan después de que, en diciembre, los jueces ilegalizasen la principal formación kurda, el Partido de la Sociedad Democrática, dejando así malherido el incipiente proceso de paz con los kurdos.
