Tachada de tibia e impropia de un país con una historia compartida con el pueblo saharaui por la oposición parlamentaria, numerosas oenegés e incluso varias ramas regionales del PSOE, la actitud del Ejecutivo respecto a la dura represión marroquí en El Aaiún sigue siendo la misma. No hay condena. Primero en Seúl y después en Madrid, el presidente del Gobierno y la ministra de Exteriores sostuvieron ayer que los intereses de España están por encima de todo lo demás. Tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Trinidad Jiménez alegaron "falta de datos" para justificar su postura, aunque la segunda, sin salirse del guante de seda que envuelve las relaciones de España con Marruecos, reprochó de forma genérica el desmantelamiento del campamento saharaui del lunes pasado. Lo hizo así: "El Gobierno rechaza la violencia como método para resolver los conflictos".

"Hay que tener una información completa", señaló tras la cumbre del G-20 Zapatero, para quien "el Gobierno tiene que poner por delante los intereses de España". Jiménez se escudó en lo mismo, pero aportó otro argumento para explicar el porqué de su postura. "Ningún gobierno ha emitido una condena", dijo la titular de Exteriores, que también dio por buenas las informaciones que el día anterior hablaban de una víctima española, Babi Hamday Buyema, de 35 años. "Deben esclarecerse de forma urgente las circunstancias de su fallecimiento", señaló.

LAS VIAS DE LA INFORMACION Así que el Gobierno permanecerá donde está hasta que considere que goza de un "conocimiento exhaustivo". Esa información puede venir por varias vías. Por un lado, Zapatero, que dijo estar dispuesto a presionar a sus socios de la UE para aumentar la ayuda al desarrollo porque el campamento tuvo su origen en una "reivindicación social", señaló que la investigación de la fiscalía marroquí es "clave". Por otro, Jiménez apuntó que el Ejecutivo "espera que EEUU, la ONU o la UE hagan un balance".

Y, por último, está la visita del próximo martes: ese día, el ministro del Interior del país alauí, Taieb Cherkaui, estará en Madrid. Su llegada, sin embargo, no tiene su origen en la crisis en la antigua colonia española, sino que es una respuesta al viaje que realizó a finales de agosto su Alfredo Pérez Rubalcaba, tras los incidentes fronterizos en Ceuta y Melilla. La visita coincidirá con la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para tratar el asunto, y también con un pleno en el Congreso en el que se discutirá una moción, de ICV, en la que se aboga por instar al Gobierno a que condene el desalojo del campamento de Gdeim Izik el 8 de noviembre.

Esta vez, en principio, Jiménez estará en la Cámara baja, algo que no ocurrió el pasado miércoles durante el control al Gobierno, cuando fue sustituida por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien cayó en el error --rectificado después-- de hablar de "soberanía" marroquí para referirse a la decisión de restringir a los periodistas el acceso al campamento. Dichas restricciones continúan produciéndose. A la detención y expulsión de tres periodistas de la cadena SER se suma el anuncio, ayer, de la retirada de su acreditación al corresponsal en Marruecos del diario Abc. En un caso y otro, la justificación es la misma: ofrecer "informaciones falsas".