11 personas, entre activistas del Campamento Dignidad y miembros de las familias sin recursos que este verano habilitaron pisos en la urbanización de Los Alamos en el barrio de El Prado de Mérida --cuyas obras se paralizaron antes de terminar--, han sido imputadas por un supuesto delito de apropiación indebida que investiga el Juzgado de Instrucción número 1. Todos están llamados a declarar el próximo miércoles, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El procedimiento surge a raíz de la denuncia de la promotora de las viviendas, Sevinova S.L. --en liquidación--, "por el presunto delito de ocupación de inmueble vacío", registrada el pasado agosto. Antes, esta empresa había recibido una comunicación del consistorio en la que este le instaba a tomar medidas para posibilitar el desalojo de las viviendas consideradas ocupadas ilegalmente. El ayuntamiento, que a finales de septiembre dio un plazo de 10 días a la propietaria para limpiar, tapiar y vallar la urbanización, abordará este tema hoy en la junta local de gobierno e informará posteriormente de las medidas adoptadas por su parte, según su gabinete de comunicación.

El Campamento Dignidad planteó en junio la posibilidad de llevar a cabo un proceso de autoconstrucción para terminar las viviendas de Los Alamos, con objeto de posibilitar el acceso a las mismas por parte de familias sin recursos. Incluso mantuvieron varias reuniones, entre otros con el alcalde, para tratar esta cuestión. Después de desarrollar algunas tareas de reforma, en torno a una decena de familias se instalaron en varios pisos (pese a no contar con luz ni agua, aparte de que la obra no tiene los certificados de finalización correspondientes), ante la imposibilidad, argumentaban, de acceder a otras viviendas por su falta de recursos.

"Finalmente, fueron desalojados, marchándose sin oponer ningún tipo de resistencia", afirma Crescencio Canelo, el abogado cuya asistencia han solicitado algunos de los imputados. Canelo se muestra "sorprendido" porque el proceso no haya sido archivado directamente, "cuando se trata de familias que se quedaban allí, de forma conocida públicamente, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna". Además, destaca que esta situación coincida con noticias como la que se conoció el miércoles, sobre la paralización parcial por parte del Tribunal de Estrasburgo del desalojo de un edificio ocupado en Salt (Barcelona), perteneciente al Gobierno. En todo caso, muestra toda su disposición a colaborar con el juzgado, como también prevé que harán los imputados.