El conflicto laboral no cesa. Los 23 trabajadores del grupo Abeto que no han sido subrogados por el Ayuntamiento de Mérida, tras la remunicipalización del servicio de limpieza de los edificios municipales, acudirán a los tribunales de justicia para «hacer valer sus derechos». El colectivo defiende que el hecho de que el servicio vuelva a ser ejecutado directamente desde el consistorio «no debería cambiar nada en sus vidas», por lo que se han visto obligados a llevar este asunto por vía judicial y están «convencidos» de que se les dará la razón.
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, recibió hace unas semanas en Alcaldía a algunos de los empleados no subrogados y se comprometió a readmitirlos a todos en el supuesto de que la justicia dictara una sentencia favorable a la readmisión. Caber recordar que desde el pasado 9 de abril, cuando finalizó el contrato suscrito entre el ayuntamiento y el grupo Abeto (adjudicatario del servicio), la limpieza de los edificios públicos vuelve a estar en manos del consistorio. Esta medida ha sido la base de los acuerdos alcanzados entre el gobierno local y los grupos de IU y Mérida Participa para sacar adelante los presupuestos de 2018.
Sobre este asunto ya se pronunció en su momento la portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, quien explicó que según el pliego de condiciones del contrato, los informes técnicos y jurídicos recibidos hasta la fecha, el consistorio debía subrogar tan solo a los 25 trabajadores (22 porque tres se han jubilado) que estaban en plantilla cuando en el año 2012 se privatizó este servicio, mientras que el resto debería acceder al ayuntamiento «por otras vías». En este caso, desde la bolsa de limpiador que se creó el pasado año, a la que se accedió por un proceso selectivo. «Esta decisión no responde a una voluntad política, sino a lo que nos obliga la ley», puntualizó.
ACTO DE CONCILIACIóN // Cuando se interponga la correspondiente demanda, que por el momento se desconoce si se hará de forma conjunta o individualizada, habría un acto de conciliación para las partes implicadas por si se pudiera alcanzar un acuerdo evitando así que se celebrara el juicio. «La remunicipalización del servicio en el que han trabajado durante años no tendría por qué haberse efectuado dejándolos de repente en la calle», recalcan los 23 empleados no subrogados en una nota de prensa remitida por el despacho de abogados Open Law, encargado de su defensa.
Los trabajadores insisten en que si remunicipalizar el servicio «es realmente un objetivo social, entonces no se puede llevar a cabo dejando a 23 personas sin su puesto de trabajo y sus ingresos», por mucho que a partir de ahora se efectúen contrataciones con base a una bolsa de empleo.
Para los trabajadores no subrogados, las necesidades de la limpieza de los edificios públicos, en su mayoría colegios, «necesitan, de entrada, tanto a los que sí han sido subrogados como a todos ellos, y además habría sitio para ir planteando nuevas contrataciones». Según señalan los trabajadores afectados, la forma en la que se ha producido la pérdida de sus trabajos «implica en algunos casos un drama para la situación de muchas de las familias afectadas», ya que en diversos casos sus ingresos «eran los únicos que entraban en los hogares, con menores al cargo».
