El día 16 de abril del pasado año, el Ayuntamiento de Mérida llevó a cabo el despido sin previo aviso de 28 de los 83 trabajadores que estaban incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que había sido retirado una semana antes.
Esta medida, que respondió a una decisión del consistorio que suponía reducir la plantilla municipal y el gasto en personal para cumplir con el objetivo de déficit marcado por el gobierno, cogió en ese momento por sorpresa a los sindicatos, a los partidos de la oposición y a los propios afectados, quienes recibieron la notificación de que la extinción de sus contratos se hacía efectiva desde ese mismo día.
