La asociación feminista Malvaluna registró ayer, en el Decanato de los Juzgados de Mérida, más de medio centenar de autoinculpaciones de mujeres que han abortado, o que han acompañado a otras a hacerlo. Esta decisión forma parte de la campaña iniciada por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que agrupa a 20 asociaciones de 11 comunidades autónomas, en favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que recoge la ley.

La portavoz de la asociación, Catalina Galán, ofreció los servicios jurídicos de la entidad a todas aquellas mujeres que, como ya han hecho otras 15.000 en toda España, han presentado su autoinculpación en los juzgados, en concreto para aquellas que sean llamadas a declarar ante el juez. Esta campaña tiene su origen en las acciones de protesta que recibieron algunas clínicas privadas en España que practican la interrupción voluntaria.

Reclaman que esta práctica, en los casos en que es legal, se normalice como una prestación más en la red sanitaria pública y que se regule de forma clara la objeción de conciencia de los médicos. En la región ningún centro de la red pública realiza interrupciones de embarazo debido a la decisión personal de los médicos.