El alcalde de Mérida, Pedro Acedo, se mostró ayer convencido de que el expediente administrativo abierto por la Agencia de Protección de Datos por instalar videocámaras de vigilancia en los autobuses urbanos será archivado, "ya que hemos actuado de forma correcta". El expediente se abrió tras una denuncia presentada por el sindicato de CCOO.
El servicio jurídico del consistorio ha anunciado, por su parte, que alegará sobre aquellos elementos que "podrían ser constitutivos de delito". Según el alcalde, dichas alegaciones anularán ambas posibilidades de infracción grave y leve, puesto que, dice, no se ha vulnerado el derecho a la intimidad de los usuarios, ya que "las imágenes grabadas se visualizan únicamente cuando se produce un hecho delictivo, si no, cada tres días se destruyen".
Asimismo señaló que la Agencia de Protección de Datos cuenta con una "inscripción genérica" en su registro, por lo que insistió en que el expediente "está ganado".
El alcalde defendió "la buena fe" de su gobierno, cuya finalidad es mantener la seguridad de los ciudadanos en los autobuses, y reconoció que el consistorio es partidario de instalar sistemas de videovigilancia en los monumentos romanos y lugares más conflictivos, así como en las zonas comerciales, "igual que existen cámaras en el exterior de edificios públicos de la ciudad"
Recalcó que el ayuntamiento no ha sido sancionado por la instalación de las videocámaras en los autobuses, dos en cada vehículo, sino que únicamente ha recibido la notificación del inicio del procedimiento sancionador contra la empresa pública Transportes Urbanos, y calificó de "extraño" que el expediente abierto tras la denuncia de CCOO, en el 2005, se inicie este año en el que se celebran las elecciones municipales.
