Las investigaciones abiertas por el Juzgado de Instrucción Nº1 para conocer la autoría de las personas que enviaron graves mensajes ofensivos contra personas del equipo de gobierno y sus familiares de forma anónima, han descubierto que numerosos de ellos provenían del Instituto para la Promoción del Corcho (Iprocor), una entidad de la Junta de Extremadura.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de Madrid solicitó a la Magistrado Instructora del caso que analizara una serie de mensajes sacados de la página web La crítica de Mérida, por si los consideraba delictivos. En caso afirmativo, le pedían un mandamiento judicial para averiguar la compañía propietaria de la dirección del IP (firma electrónica que identifica cada conexión), los titulares, y los días y horas en los que se enviaron los mensajes injuriosos.
La Magistrada envió el mandato judicial y la Guardia Civil descubrió que había numerosos mensajes que provenían de los ordenadores y conexiones de Internet de Iprocor, en el polígono industrial El Prado.
El juzgado ordenó entonces al director de Iprocor que remitiese los nombres de las personas, apellidos y ocupación de quienes tenían acceso a internet desde dichas oficinas en las fechas y hora de los mensajes.
El director de Iprocor remitió al juez un listado de 24 personas, con los nombres y apellidos de los empleados que, según él, tenían acceso a internet y a los ordenadores en aquellas fechas, y señalaba que le resultaba imposible identificar al autor o autores de los mensajes.
Ante dicha situación, el Juzgado de Instrucción acordó el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones", ordenando que siguieran las investigaciones contra el resto de los demás imputados. El caso de Iprocor se podría reabrir si la policía lo considera oportuno o si los ofendidos aportan nuevas pruebas que puedan identificar a los autores de los mensajes.
