El Ayuntamiento de Mérida aprobó ayer definitivamente la anulación de los polémicos expedientes urbanísticos de la Ciudad Deportiva y del complejo comercial que se iba a construir en los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés. De esta forma el consistorio aplica el requerimiento realizado en este sentido por la Dirección General de la Administración Local de la Junta, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural.
Y es que este organismo había emitido un informe en el que declaraba la nulidad de ambos proyectos "por prescindir total y absolutamente del procedimiento legal establecido". Así, daba un plazo de un mes al ayuntamiento para anular estos expedientes, plazo que expiraba el próximo 13 de agosto y que la Corporación que dirige Angel Calle no ha querido apurar.
NUEVO PROCESO Según explica la escueta nota de prensa remitida ayer por el ayuntamiento, además de esta anulación la Junta de Gobierno aprobó iniciar "el proceso legal pertinente", es decir, iniciar de nuevo los expedientes, pero esta vez de acuerdo con los procedimientos que marca la normativa urbanística extremeña.
Precisamente por esto el primer objetivo ahora es alcanzar un acuerdo con las dos empresas promotoras para tratar de solucionar el grave problema que se ha generado.
En el caso de la Ciudad Deportiva, ya se han mantenido los primeros contactos con la empresa Sidecu y el objetivo que se ha marcado el ayuntamiento es comprar este complejo deportivo, para lo que contará con el apoyo económico de la Junta de Extremadura. De momento la empresa ha presentado una primera oferta y ahora el consistorio está a la espera de que sus técnicos hagan una valoración de las obras que se han ejecutado y de que las que aún quedan por llevarse a cabo.
En cuanto al centro comercial proyectado en el antiguo cuartel Hernán Cortés, la solución parece más sencilla porque el proyecto aún está en fase de excavación arqueológica. El alcalde de la capital extremeña, Angel Calle, avanzó ayer que de momento no se paralizarán las obras pero que se mantiene a la espera de que en septiembre se pueda llegar a un acuerdo "para reorientar el proyecto" con la empresa promotora, que en este caso es una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Joca y Dycex. Esta reorientación irá dirigida, principalmente, "a construir menos comercios y más edificios de carácter público", según declaró Calle a EL PERIODICO EXTREMADURA.
