El equipo de gobierno ha anulado el acuerdo por el que invalidó el contrato firmado entre el anterior gobierno del PP y las empresas Joca-Dycex para construir un complejo comercial y cultural en el cuartel Hernán Cortés, y lo hace por defectos de forma en la tramitación del expediente.
El acuerdo fue tomado en la junta local del 11 de octubre, ante el recurso de reposición interpuesto por Joca-Dycex contra el requerimiento que hizo la Consejería de Agricultura y Desarrollo al ayuntamiento (en julio) para que anulara el contrato. Ante esta situación, el gobierno, el 6 de agosto, anuló el contrato.
La Consejería de Agricultura emitió un informe en el que declaraba la nulidad del contrato del cuartel Hernán Cortés "por prescindir total y absolutamente del procedimiento legal establecido" y dio al ayuntamiento un mes para que cancelase el expediente, o sino interpondrían un recurso Contencioso Administrativo contra la corporación.
REVISAR EL EXPEDIENTE Ahora, ante el recurso, el gobierno iniciará los trámites para la revisión de oficio del expediente de contratación; conceder una audiencia a las empresas Joca-Dycex en un plazo de diez días y enviar el expediente al Consejo Consultivo de Extremadura junto con las alegaciones que se presenten, que son parte de los argumentos en los que han basado el recurso de reposición.
En el recurso de Joca-Dycex, señalan que el requerimiento de la Consejería de Agricultura instando al ayuntamiento que declarase nulo el contrato fue presentado fuera de tiempo y de los plazos previstos. Así, indican que el requerimiento entró en el consistorio el 19 de julio, más de 15 días hábiles desde el 27 de junio en el que el expediente municipal completo fue entregado en el registro de la consejería. La otra alegación aceptada es que no se ha cumplido el trámite formal de dar audiencia a la empresa.
En el recurso también critican que se haya anulado el contrato sin el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, un tramite que consideran necesario; defiende la legalidad del contrato mixto, porque creen que la venta del subsuelo y el derecho de superficie son contratos que se pueden regularse en el mismo pliego y aseguran que el sistema de financiación del proyecto, mediante entrega de aprovechamientos urbanísticos, se ajusta a derecho.
