Más ingresos para las arcas municipales. El Ayuntamiento de Mérida se embolsará este año unos 400.000 euros más procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con respecto al pasado ejercicio. A pesar de este incremento, la recaudación se mantiene por debajo de la obtenida en anualidades anteriores a través de este tributo que grava la propiedad inmobiliaria y que se configura como la principal vía de ingresos del consistorio.

Según los datos aportados a este diario por la portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, este año se emitirán un total de 45.146 recibos por el IBI urbano, lo que supondrá una recaudación global de 13.821.721 euros, en el caso de que se ingresen el total de los recibos que se van a poner al cobro. El padrón del IBI urbano del pasado periodo tributario contaba con 43.811 valores y un importe estimado que ascendía a 13.414.137 euros. Con respecto al IBI rústico, se estima una recaudación de 1.400.000 euros, mientras que el pasado año la estimación fue de 1.424.715 euros.

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), entidad dependiente de la Diputación de Badajoz en la que el ayuntamiento delega la gestión tributaria, iniciará hoy el periodo voluntario de cobro del IBI urbano y rústico, un plazo que se extenderá hasta el próximo 31 de julio. En el caso de los recibos que estén domiciliados, los cargos en cuenta comenzarán el 29 de mayo.

Sobre este asunto, cabe destacar que el importe que pagarán los contribuyentes estará determinado por el valor del inmueble en cuestión así como por la capacidad normativa que puede ejercer cada gobierno municipal, ya que los ayuntamientos son los que fijan el tipo impositivo que se aplicará a los inmuebles. La Ley de Haciendas Locales fija para los bienes urbanos un mínimo del 0,4% y un máximo del 1,1%.

En el caso de Mérida, el tipo del IBI general está fijado en un 0,70%. Cabe recordar que en 2015 el equipo de gobierno intentó aumentar el tipo hasta un 0,745%, sin embargo, la propuesta no salió adelante por los votos en contra de la oposición en el pleno que tuvo lugar en julio de ese año. En enero de 2016 entró en vigor la nueva ponencia del catastro tras la revisión catastral que se llevó a cabo por parte de la gerencia territorial del Catastro en Extremadura para subsanar las deficiencias de la anterior, que estaba vigente desde el año 2010, y ajustar los valores a la situación del mercado.