El Ayuntamiento de Mérida mantiene una deuda con las entidades bancarias de 14 millones de euros. Esta es la "deuda viva" según manifestó ayer la delegada de Hacienda, Gloria Constantino, a la que hay que sumar las cantidades que el consistorio debe a los proveedores. Ayer, el pleno municipal, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, aprobó en una sesión extraordinaria la refinanciación de un préstamo que el Banco Central Hispano --hoy Banco Santander Central Hispano (BSCH)-- concedió en 1993 por 9.600.000 euros, de los que quedan por pagar algo más de siete millones, a un interés anual del 3,4%, dos puntos menos que el tipo de interés que se pagaba hasta ahora.

Además de este préstamos, el ayuntamiento también pidió en su día un préstamo de 4 millones de euros al Banco de Crédito Local, que también se ha refinanciado a un tipo de interés que se ha reducido al 1,5%.

Constantino indicó en torno a la reducción del tipo de interés ofrecido por el BSCH que es "una oferta que mejora las condiciones del préstamo al pagar dos puntos menos de intereses", pero no precisó el ahorro anual que puede suponer para las arcas municipales esta rebaja, sobre todo teniendo en cuenta, reiteró, que este préstamo "es el más gordo que tiene el ayuntamiento y supone casi el 70% de la deuda a los bancos".

En las cláusulas del convenio figura la ampliación en cinco años del plazo de pago del préstamo, que debía ser finiquitado el próximo año y que, de esta forma, debe hacerse efectivo en el año 2010.

Por otro lado, la responsable de Hacienda criticó la negativa socialista a aprobar la refinanciación de este crédito con estas condiciones más ventajosas para el consistorio.

PLAN DE SANEAMIENTO A este respecto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Angel Calle, explicó que la postura de los concejales del PSOE en contra de esta medida aprobada por el PP se debe a la ausencia de un plan para sanear las cuentas municipales. "Mientras no haya este plan, nos vamos a negar a cualquier operación de tesorería", comentó. El plan, argumentó, favorecería la creación de una auditoría que controlaría los ingresos y los gastos, porque "aquí nadie sabe cuánto se debe".

En opinión de Calle, el consistorio "ahora mismo se encuentra en quiebra técnica, porque hay más gastos que ingresos", de ahí la necesidad de poner en marcha el plan, que "daría sorpresas enormes a los ciudadanos" ya que, a su juicio, se conocería que no se paga a los proveedores, y que se vende patrimonio para frenar las deudas.