Siguen los trámites para la implantación de la azucarera en Mérida. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, confirmó ayer que el ayuntamiento está estudiando las posibles exenciones fiscales que pueden aplicarse para que la planta que promueve el grupo dubaití Al-Khaleej Sugar se instale finalmente en Mérida, «siempre dentro del marco legal». El tema se tratará hoy con los grupos de la oposición en una junta de portavoces a la que también asistirá un representante de la empresa, si bien IU ya se ha mostrado en contra de las propuestas de la compañía al considerarlas «un chantaje». Después, hay previsto otro encuentro con las asociaciones de empresarios.

Al término de la Junta de Gobierno Local, Yáñez confirmó ayer que el promotor ha trasladado al ayuntamiento una solicitud en la que pide «cuestiones que le permite la ley», y que en la práctica se traducen en exenciones en los impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y Actividades Económicas. «Veremos hasta dónde podemos llegar respecto a lo que solicitan los inversores, siempre dentro del marco legal», dijo la portavoz.

400 MILLONES / Cabe recordar que la empresa azucarera, en caso de instalarse en Expacio Mérida, supondría una inversión de 400 millones de euros y generaría 200 empleos directos a los que habría que sumar los puestos indirectos creados en la agricultura por el cultivo de la remolacha y en el sector del transporte. «Se trata de un nuevo paso para un nuevo proyecto que pondría a Mérida en el mapa industrial y supondría un revulsivo a la generación de empleo en la ciudad», afirmó la edil.

De cara a la reunión de hoy, el alcalde ya ha entregado al resto de grupos municipales la documentación con las peticiones de la empresa (Yáñez ayer no quiso hacerlas públicas) y también un informe de la Secretaría General y el gabinete jurídico donde se especifica hasta dónde puede llegar el ayuntamiento sin incumplir la ley para favorecer la construcción de la planta azucarera en Mérida.

Unas peticiones a las que ya ha mostrado su oposición el grupo IU al considerar que «son más propias de un chantaje a un estado corrupto que de un proceso de negociación entre dos partes interesadas en un objetivo común». Según la formación, la oferta inicial de la empresa supone una reducción del 95% en el pago de los impuestos mencionados durante siete años, lo que supondría para el ayuntamiento dejar de ingresar «decenas de millones de euros».