El ayuntamiento tramitó el pasado año un total de 164 expedientes relacionados con actos vandálicos contra el mobiliario municipal. La reparación de los desperfectos provocados supuso a las arcas municipales un desembolso de 240.000 euros.

Así lo afirmó ayer el alcalde Pedro Acedo en la presentación de la campaña de difusión de la Ordenanza de la Protección de la Convivencia Ciudadana, que consistirá en el reparto de 23.000 ejemplares de la normativa por los buzones de la ciudad, además de anuncios publicitarios. La norma entró en vigor en julio pasado y tiene como objetivo "procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen en nuestra ciudad", según se señala en la exposición de motivos. En la ordenanza se enumeran las conductas "antisociales que degradan la ciudad" y las multas, que van des 750 a 3.000 euros.

La portavoz del grupo municipal popular, Pilar Vargas, explicó que la Ordenanza de Convivencia venía a complementar otras normativas, como la de Limpieza y la de Mercados y la reglamentación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así, la mayoría de los expedientes tramitados por actos vandálicos se basan en estas tres reglas. Con la aplicación estricta de la norma de convivencia se abrieron tres expedientes y los tres por pintadas.

Pilar Vargas señaló que de los 164 abiertos, 120 ya han terminado el procedimiento y 44 están en trámites. Entre los expedientes abiertos destacan denuncias por venta ambulante, pintadas, consumo de alcohol en la vía pública, quema de neumáticos y aparcacoches. Y entre los que están en tramitación, la pega de carteles y reparto de octavillas, orinar en la calle, tirar papeles o tenencia ilícita de armas (dos pistolas).