El Ayuntamiento de Mérida prevé recaudar este año 28,1 millones de euros por los impuestos directos e indirectos que pagan los ciudadanos. Según figura en el capítulo de ingresos del proyecto de presupuestos municipales para el 2008, en el apartado de operaciones corrientes, aparecen 22.758.000 euros de recaudación por los tributos directos, y 5.400.000 euros por los indirectos; además de 9.483.000 por tasas y precios públicos, 15.872.000 por transferencias corrientes y 733.000 por ingresos patrimoniales. Cabe destacar también los casi 30 millones de euros previstos por la venta de patrimonio municipal (suelo, edificios...). Todo ello supone una recaudación de 84 millones de euros.

Los impuestos directos son aquellos que revierten directamente en las propiedades físicas de los ciudadanos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), impuestos de vehículos, Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de empresas o las plusvalías. Los tributos indirectos son los ingresos por los impuestos recaudados por el Estado y que cede en parte a los ayuntamientos: impuestos sobre el IVA, alcohol, cerveza, tabaco, gasolina, cesión del IRPF, licencias de obras, etcétera.

A la hora de comparar estos ingresos previstos por impuestos con el último presupuesto elaborado por el PP, hay que recordar que en los actuales se recogen las cantidades referidas a la gerencia de urbanismo, que anteriormente tenía un capítulo al margen. Eso hace que, por ejemplo, si en el último presupuesto elaborado por el PP no aparecía ni un solo euros de ingresos propios del ayuntamiento por impuestos indirectos, en el fijado por el PSOE hay 5.400.000 euros, 15.000 menos que los contemplados en las anteriores cuentas que estaban metidos en la gerencia de urbanismo.

Respecto a los impuestos directos, en las cuentas para el 2008 se contemplan 558.000 euros más que en las anteriores. En este sentido, en su informe el equipo de gobierno explica que el incremento previsto sobre el IBI obedece a las modificaciones fiscales de la ley de presupuestos generales del Estado, al mayor volumen de construcciones, la disminución del fraude por la intervención notarial, la incorporación al catastro de inmuebles de urbanizaciones en proceso de legalización y a las altas.