Los grupos de la corporación municipal y los concejales no adscritos, con la abstención del PP, aprobaron ayer la nueva ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales domésticos y de compañía. La nueva normativa deroga la ordenanza que se aprobó en 2013, por parte del anterior Equipo de Gobierno, y recoge la prohibición de utilizar animales en espectáculos circenses, la identificación de las colonias felinas existentes en la ciudad y medidas encaminadas a fomentar la adopción en la perrera municipal. Asimismo, con la ordenanza se crean dos nuevas tasas de 25 euros por servicio: una para la retirada de los perros del núcleo zoosanitario y otra para la retirada de los cadáveres de animales de compañía de los domicilios.

Esta normativa, que entrará en vigor en breve tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incluye las alegaciones que presentaron nueve colectivos durante el periodo de exposición pública del texto, entre las que se planteaba prohibir los collares de pinchos o eléctricos, regular el uso de la pirotecnia y supervisar "de forma estricta" la reproducción de los animales por parte de particulares. En relación al establecimiento de las nuevas tasas, la concejal del PP local, Gema Fernández, expresó la negativa de su grupo al entender que esta medida fiscal puede reducir el número de adopciones y que, por lo tanto, la recogida de animales del centro zoosanitario debería seguir siendo gratuita. Por otra parte, la edil popular aseguró que el servicio de retirada de cadáveres de animales a domicilio ya se ofrece por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, por lo que considera que el ayuntamiento podría incurrir en una ilegalidad por "enriquecimiento injusto". Sobre este punto, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, aclaró que si existe algún error en el expediente y si es cierto que ese servicio ya lo da FCC, estaría de acuerdo en volver a llevar a pleno la ordenanza para su modificación en este aspecto.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, justificó el pago por el servicio de recogida de animales de la perrera, porque incluye la implantación del microchip, la vacunación contra la rabia y documentación complementaria, entre otras cuestiones. "El Equipo de Gobierno quiere garantizar que cuando sale un animal del núcleo zoosanitario lo hace con todas las garantías legales y no por ello van a aminorar las adopciones, porque en otros ayuntamientos de las mismas dimensiones se cobra entre 50 y 60 euros", aclaró Yáñez.