Polémica en torno al servicio de grúa en la ciudad. El gobierno local ha decidido aplazar la ejecución de una orden de servicio, firmada por el intendente mayor de la policía local, en la que se indicaba que a partir del 1 de febrero agentes de la policía local realizarían funciones en la grúa durante los días laborales y en los turnos de día y tarde. El delegado del área, Félix Palma, explica que se ha optado por retrasar la puesta en marcha de esta medida hasta analizar con mayor detenimiento si el sistema es o no efectivo.

El servicio de retirada de vehículos con grúa de la vía pública fue privatizado por parte del anterior equipo de gobierno y actualmente está gestionado por la empresa Vectalia. En este sentido, el consistorio puntualiza en nota de prensa que la grúa es un «servicio municipal» y que, pese a estar privatizado, la policía local siempre que lo ha necesitado «lo ha solicitado». Asimismo, destaca que «el único que puede denunciar las infracciones de tráfico es el policía local», mientras que Vectalia «cobra únicamente el servicio que realiza, tal como se establece en el pliego de condiciones que firmó el PP». Además, subraya que el contrató se firmó para 25 años y estará en vigor hasta el 1 de marzo de 2038.

Palma aclara que el objetivo de esta orden de servicio emitida por el consistorio es mejorar la coordinación existente entre los agentes y la grúa, ya que lo que se planteaba con la orden era que «el policía vaya directamente montado en la grúa». En esta línea, el consistorio manifiesta que la policía local tiene como obligación «que se cumplan las normas de circulación y las ordenanzas para que Mérida sea una ciudad amable y accesible».

las REACCIONES // El grupo municipal IU pidió ayer al equipo de gobierno que aclarase la participación de la policía local en el servicio de grúa. «La participación de la policía local en la prestación de un servicio privatizado podría suponer el empleo de agentes de la autoridad para la realización de una actividad que en la actualidad debe ser ejecutada por una empresa privada», subraya IU en un comunicado.

Por su parte, el sindicato USO (Unión Sindical Obrera) denunciaba el pasado martes que el objetivo de esta medida era «recaudar más in situ en materia de sanciones y tasas». «Igualmente podría comprometerse también la responsabilidad del consistorio en caso de un posible accidente laboral derivado de la utilización de un vehículo ajeno al ayuntamiento», puntualiza en nota de prensa el sindicato.