El ayuntamiento desestimó las alegaciones presentadas por la fábrica Extremeña de Grasas contra el decreto de alcaldía del 31 de julio por el que daba el plazo de un mes para corregir los malos olores.
En la alegaciones, la factoría consideraba que el ayuntamiento era incompetente para cerrar una fábrica basándose en motivos sanitarios.
Angel Calle explicó que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas otorga a los alcaldes las atribuciones de inspección y sanción de las actividades industriales sujetas a esta norma.
