Un reglamento de subvenciones para casos de extrema necesidad. Ese es el pacto que ayer le ofreció el gobierno local al Grupo Municipal Popular, durante el debate sobre la revisión catastral y las alegaciones del IBI presentadas por el PP en el pleno de ayer. Ese reglamento de subvenciones, explicó ayer el alcalde de Mérida, Angel Calle, serviría para "permitir hacer frente a situaciones de extrema necesidad. Sería pactado en la Comisión de Hacienda y contemplaría las ayudas que estipularan los técnicos municipales y sería consensuado además de con el PP, con los agentes sociales.
El ofrecimiento surgió tras el enfrentamiento político entre socialistas y populares sobre el IBI y la revisión catastral que ha llegado a los ciudadanos. El PP, en boca de su portavoz, Fernando Molina, cuyo nuevo cargo pasó ayer por el pleno municipal, insistió en la necesidad de bajar el tipo impositivo hasta el 0,60 y crear una especie de IBI social que aminore el pago de la cuota para viviendas de menos de 30.000 euros y para sueldos inferiores a 1,5 veces el IPREM. Según Molina, estas medidas son fundamentales en los tiempos actuales de crisis, "con cada vez más personas acudiendo a comedores sociales", reiteró, mientras acusó al equipo de gobierno de "maquillar" la subida "vendiendo el catastrazo en fascículos".
El portavoz popular acusó a los socialistas de permanecer en una "realidad utópica" y no darse cuenta de que "cada día 59 personas van al paro en esta ciudad y hay más ciudadanos en comedores sociales".
Sin embargo, desde el bando socialista, que rechazó las alegaciones, se explicó que ese IBI social es "absolutamente ilegal como bonificación" --de ahí la propuesta del reglamento de subvenciones-- y que tampoco es posible rebajar al 0,60 el tipo impositivo (el PSOE lo ha rebajado del 0,83 al 0,74) porque "no tendríamos para mantener los servicios públicos", contestó Calle. "No se monte en la pobreza para hablar de esto y coja esa posibilidad de hacer ese reglamento, haga un ejercicio de responsabilidad y no frivolice", instó a Molina.
Además, el mandatario emeritense anunció que desde hoy, los técnicos municipales y los del Catastro van a revisar los valores de los inmuebles en los que se hayan cometidos equivocaciones "y rectificarán los errores que pueda haber", mientras insistió en que el consistorio --que ha presentado 795 recursos por valoraciones erróneas de su patrimonio-- va a recaudar el próximo año 400.000 euros menos por este concepto.
Por otro lado, se aprobó por unanimidad la reducción del valor de los terrenos un 40% durante los próximos cinco años; y la cuenta general del 2008.
