Las localidades de Llerena y Olivenza ya intentaron el pasado año instalar un sistema de vigilancia en sus calles a través de videocámaras, aunque el proyecto no contó con el visto bueno de la Delegación del Gobierno en Extremadura, que desautorizó la petición.
Los dos ayuntamientos basaron la petición de permiso en el aumento de los actos vandálicos y para mejorar la seguridad ciudadana y la integridad del patrimonio.
Las solicitudes fueron estudiadas por la Comisión de Garantía de Videovigilancia de Extremadura, compuesta, entre otros miembros, por representantes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de la Federación de Municipios y Provincias, y de la Administración del Estado,que pasó el asunto a la Delegación del Gobierno, que señaló que no se daban las circunstancias que justificaran "esta medida tan extraordinaria", además de limitar derechos fundamentales como el del honor, la intimidad y la propia imagen.
