El Campamento Dignidad aseguró ayer que le reclaman multas por "183.000 euros", la mayor parte correspondiente al juicio por presuntos delitos de coacciones o desorden público referidos al acceso a las instalaciones de TVE en Mérida y la interrupción del informativo.
Los últimos juicios contra el Campamento Dignidad tuvieron lugar ayer en los Juzgados de Mérida. El primero se celebró contra cuatro activistas por la ocupación y encierro en torno a una hora en la Dirección General de Política Social en mayo. El portavoz del colectivo, Manuel Cañada, informó de que en este juicio de faltas, la fiscal y la acusación, la empresa de seguridad, les piden "582 euros" a los cuatro activistas y ocho días de localización permanente para dos de ellos, por un delito de lesiones producido en el acceso al edificio, unos hechos Cañada negó rotundamente.
El segundo de los juicios es contra tres activistas acusados de un delito de usurpación de las viviendas de la urbanización Los Alamos de la capital extremeña. Cañada explicó que el denunciante, la empresa promotora, según dice, "instada" por la vicealcaldesa, Raquel Bravo, renunció al juicio y la fiscal ha decidido continuar como acusación "en defensa del interés general".
