El pasado 29 de agosto, el juzgado de lo Social de Badajoz fue escenario de un acto de conciliación entre el exgerente de la empresa Municipal de Urbanismo, Prudencio González, y el Ayuntamiento de Mérida.

En el juicio, González rebajó sus pretensiones económicas y en vez de los 266.000 de indemnización que establece su contrato blindado, pidió 205.000 euros.

A la vista no se presentó ningún representante del ayuntamiento, ya que los servicios jurídicos municipales recomendaron al equipo de gobierno que si no estaban de acuerdo con la cantidad exigida, no acudieran.

El juzgado de lo Social deberá decidir si Prudencio González tiene derecho a recibir la indemnización que pide o bien la correspondiente al primer contrato, de 19.000 euros, que es la cantidad que el ayuntamiento propuso pagar al exgerente.

Además, como el exgerente de la empresa municipal de Transportes Urbanos cobró en abril 56.000 euros brutos en base al contrato blindado, y el equipo de gobierno no reconoce el acuerdo por el que se abonó esta cantidad, el consistorio le solicitó que devolviera 36.572 euros, que estaría obligado a pagar si el blindaje se reconociera nulo.