La Junta de Extremadura ya dispone de suelo municipal para construir dos colegios públicos, uno al sur de la barriada de Los Bodegones y otro en la zona norte. Además, podrá ampliar el polígono industrial El Prado. El pleno aprobó ayer --con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP-- la cesión de suelo al Ejecutivo regional para estas crear estas infraestructuras.

En el caso de los centros escolares, la intención es que el de la zona norte pueda estar abierto el próximo curso, ya que el de ayer era el último trámite antes de poder empezar a construir en una superficie de algo más de 10.000 metros cuadrados. En el caso del otro colegio, ayer se aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para permutar esos terrenos con otros ubicados en las inmediaciones del polideportivo Diocles.

Se trata de dos colegios de dimensiones considerables, completos de dos líneas, y de calidad, necesarios por acabar con los problemas de saturación que tienen los de la zona sur y por el creciendo en la zona norte.

Respecto a la ampliación de suelo industrial en El Prado, el ayuntamiento cede 758.000 metros cuadrados a la Junta, después de la modificación puntual del PGOU de ayer, y la aprobación de la recalificación de esos terrenos hasta ahora rústicos como suelo industrial. Esta cuestión ya se ratificó en octubre y ayer el pleno aprobó la modificación de ese suelo después de que no se hayan presentado alegaciones, señaló la delegada de Urbanismo, Estrella Gordillo. Ahora será la Consejería de Fomento la que aprobará definitivamente ese cambio en el PGOU y procederá a realizar las obras, para construir más naves industriales en 350.000 metros cuadrados.

NUEVO REGLAMENTO En materia urbanística, otro de los asuntos aprobados ayer fue la declaración de interés público de la obra de construcción de una rotonda en la obra de urbanización de la zona de la antigua fábrica de la Cross.

Por otro lado, el pleno también dio vía libre, inicialmente, al reglamento orgánico del Gobierno y Administración del ayuntamiento, el último que resta por redactar, según la llamada ley de grandes ciudades.

Se trata de establecer un régimen especial de organización para regular la organización del consistorio, tales como los plenos y las juntas de gobierno, además del nombramiento de nuevos cargos. Se da así una garantía jurídica a los ciudadanos.

El primer pleno del año se desarrolló con algunas incidencias dialécticas entre el alcalde Angel Calle y la portavoz del PP, Pilar Vargas, centradas en la libertad de expresión en los plenos.