Ante la solicitud de suspensión de pagos de la Comercial Ramírez a principios de febrero, la magistrada juez del juzgado de Primera Instancia nº 2 de Mérida ha designado como interventores judiciales a Agustín Jiménez Sánchez y a Luis Javier Pozo Arranz, según una resolución publicada el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en su último número.
Así, de manera oficial, los interventores judiciales serán los encargados de llevar las riendas de la empresa y negociar a la chica las deudas de la Comercial Ramírez con sus proveedores.
También determinarán si la empresa puede seguir adelante con una gestión adecuada o si está en quiebra. En este caso lo que harían sería certificarlo y liquidar la sociedad y no cobraría nadie a excepción de los trabajadores a través de la Seguridad Social o el Fondo de Garantía.
La Comercial Ramírez se fundó hace 75 años, tiene 26 trabajadores y cuatro puntos de ventas en la ciudad.
