Los conductores de la Empresas Municipal de Transportes Urbanos que fueron a declarar como testigos por los hechos acaecidos durante la huelga general del 20-J, en el 2002, coincidieron en afirmar que no recibieron coacciones ni amenazas de los piquetes informativos, aunque señalaron que no les dejaron salir con los autobuses.

Esta fue una de las conclusiones de la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 contra cinco sindicalistas. La sesión duró diez horas y se reanuda hoy. Además de los imputados, declararon 30 testigos.

Los sindicalistas que se sientan en el banquillo son el secretario regional de UGT, Miguel Bernal; el exsecretario regional de CCOO, Valentín García, y los representantes sindicales Juan Manuel González, Juan Luis Lancho y Juan Espino. En sus declaraciones defendieron el derecho a la huelga, mientras la acusación particular subrayó que usaron medios ilícitos para ello.

LAS PETICIONES La fiscalía acusa a los sindicalistas de una falta de coacciones y propone imponer a cada uno de ellos una multa de dieciocho euros diarios durante veinte días. Por su parte, la acusación particular considera que los hechos son constitutivos de delitos de amenazas, injurias y coacciones y pide, para cada uno de los acusados, 18 meses de prisión por el primer delito; seis meses de multa, con una cuota diaria de 30 euros, por el segundo; y dos años de prisión por el tercero. Además, en concepto de responsabilidad civil, solicita que los inculpados indemnicen al gerente de Transportes Urbanos de Mérida, Prudencio González, con 3.000 euros en concepto de daños morales; y abonen 6.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a esta empresa municipal.

Los imputados entraron en el edificio judicial entre los aplausos de unas 50 personas, aunque la mayoría de las cuales se tuvo que quedar fuera al ser la sala muy pequeña. Antes habían sido recibidos por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien se solidarizó con ellos.

Esto causó indignación en el equipo de gobierno, que calificó de "sorprendente" este encuentro para solidarizarse con "unos sindicalistas que, de forma radical, violenta y mediante coacciones y amenazas impidieron a los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes realizar su labor y, a los emeritenses, poder disponer de un servicio esencial como es el de los autobuses urbanos".

LO QUE SE JUGZA Los hechos ocurrieron a primeras horas de la mañana del 20-J. Los piquetes informativos fueron avisados de que varios autobuses urbanos iban a salir desde el antiguo cuartel Hernán Cortés, algo inhabitual, pues tienen las cocheras en La Algodonera. Los sindicalistas impidieron que los autobuses salieran alegando que no se habían decretado servicios mínimos y los conductores decidieron no trabajar y llevar los vehículos a La Algodonera. Una vez allí, recibieron la orden contraria, que salieran, pero los piquetes tampoco les dejaron, incluso apostándose los sindicalistas bajo los autobuses.

En cuanto al decreto de servicios mínimos, el concejal de Transportes en aquellos años, Gonzalo García de Blanes, declaró que sí se había emitido y que estaba compuesto por una línea que haría un trayecto circular que uniría las barriadas con los centros de salud y el hospital. Sin embargo, el documento del decreto no está incorporado a la causa.

Por otro lado se supo, por los testimonios de los conductores, que éstos firmaron un documento de la Empresa Municipal de Transportes en la creencia de que era un justificante de asistencia al trabajo el día de la huelga, cuando en el texto final se afirmaba que habían sufrido amenazas y coacciones por parte de los piquetes informativos.