Una sentencia del juzgado de los social número 1 de Badajoz ha dado la razón a los conductores de autobuses urbanos en el conflicto que tenían con el ayuntamiento, al que obliga a considerar a los 30 conductores como trabajadores municipales y por tanto que se les aplique el convenio colectivo del personal laboral del consistorio y en especial en materia disciplinaria y de promoción interna.
El equipo de gobierno defendía que estos trabajadores se debían regir por el convenio nacional del transportes, al pertenecer a la empresa municipal Transportes Urbanos de Mérida S.L. de reciente creación.
La denuncia fue presentada por CCOO y el fallo también señala que los representantes laborales de los trabajadores siguen ostentando esta condición, "al haber permanecido invariable el centro de trabajo".
El representante de CCOO en el ayuntamiento, Juan Luis Lancho, manifestó que considera esta sentencia "como un varapalo judicial para el ayuntamiento, y creemos lamentable que sea la única vía que tienen los trabajadores del consistorio, dado que con el actual equipo de gobierno no existe diálogo ni negociación para poder solucionar estos problemas", manifestó.
READMISION
Una de las consecuencias de esta sentencia será, según Lancho, que el equipo de gobierno tendrá que readmitir a los dos trabajadores que fueron despedidos aplicándoles un convenio distinto al del ayuntamiento.
Uno de estos trabajadores lleva 18 meses despedido y se le está pagando un salario de tramitación, "al que hay que sumarle el salario de la persona que le ha sustituido, lo que le va a suponer un doble gasto al ayuntamiento", aseguró.
El ayuntamiento puede recurrir esta sentencia judicial en un plazo de cinco días.
