El Consejo Consultivo de Extremadura tiene en estos momentos el proyecto aprobado por el anterior equipo de gobierno sobre el uso de esos terrenos. Ahora estudia si lo establecido se ajusta o no a la legalidad, después de que el actual ejecutivo le haya remitido toda la información al respecto. Esta es una de las denuncias hechas por las empresas encargadas de hacer las obras (una UTE formada por Joca y Dicex), tras ser recibidas hace pocos días en el ayuntamiento, que reclamaron enviar el expediente al Consejo Consultivo junto con las alegaciones que han presentado.
Las constructoras criticaron que se haya anulado el contrato sin el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, un tramite que consideran necesario; defienden la legalidad del contrato mixto, porque creen que la venta del subsuelo y el derecho de superficie son contratos que se pueden regularse en el mismo pliego y aseguran que el sistema de financiación del proyecto, mediante entrega de aprovechamientos urbanísticos, se ajusta a derecho.
La portavoz del gobierno local, María Ascensión Murillo, ha asegurado que están "a la espera de la resolución del Consejo Consultivo, que acataremos".
Murillo recordó que las empresas implicadas presentaron un recurso de reposición y que el ayuntamiento atendió dos puntos del mismo, "la extemporaneidad de la medida de la paralización y que no se les había dado trámite de audiencia". Ese encuentro se llevó a efecto hace escasas fechas y después se ha remitido toda la documentación a este organismo para que la analice. La portavoz local insistió en que "la voluntad del gobierno es ser escrupuloso con la ley, y acataremos lo que se dictamine".
