El Ayuntamiento de Mérida aún tiene capacidad para solicitar nuevos créditos, y el equipo de Gobierno quiere utilizar esta baza para adelgazar la deuda que tiene contraída con sus proveedores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas de la ciudad que se ven obligados a esperar entre siete y ocho meses de media para cobrar por sus servicios.
Mérida se encuentra entre los municipios españoles cuyo nivel de endeudamiento se sitúa por debajo del 75% de sus ingresos, lo que le permitiría acogerse al decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público elaborado por el Gobierno. Atendiendo a la previsión de ingresos del ayuntamiento, éste aún tiene capacidad para endeudarse en otros seis millones de euros, que se sumarían a los 42 millones que actualmente debe a los bancos.
Esta cantidad se destinaría al pago de los atrasos contraídos con sus proveedores, que en muchos casos esperan el cobro para aliviar sus maltrechas economías. Por este motivo, la delegada de Hacienda, Mercedes Moyano, considera una "irresponsabilidad" por parte del Grupo Municipal Popular su rechazo a esta vía de financiación.
Y es que los concejales del PP han avanzado que no apoyarán la suscripción de nuevos créditos para no contribuir a incrementar "ni un euro más" el endeudamiento de las arcas municipales.
En cualquier caso el ejecutivo municipal aún debe esperar a que prospere una propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), en la que solicita al Gobierno que los nuevos créditos puedan destinarse a afrontar el gasto corriente, y no solo para sufragar inversiones, como hasta ahora está limitado.
Moyano sostiene que si finalmente se abre esta posibilidad, el ayuntamiento acudirá a un nuevo endeudamiento, porque actualmente, con la fuerte caída de los ingresos que sufre el ayuntamiento --un 57%--, no tiene más fórmulas para poder pagar a los proveedores, que ahora es su principal prioridad. El gobierno municipal ha tratado de atraer a esta posición al Grupo Popular, pero por el momento parece más que probable que las nuevas operaciones de crédito saldrán adelante --en caso de que finalmente se permita-- sin el consenso entre los dos grupos políticos en el ayuntamiento.
En cualquier caso, la cantidad que finalmente solicite el ayuntamiento a los bancos es por el momento una incógnita, ya que será el Ministerio de Economía quien deba determinarla atendiendo a las obligaciones contraídas y a sus ingresos previstos.
Otro asunto en el que no se ponen de acuerdo es en la deuda municipal, que Moyano rebaja a 42 millones, frente a los 60 que según el PP debe el consistorio a los bancos. De ellos, siete millones son a corto plazo, y el resto, algo más de 34, a largo plazo. Algo menos de la mitad, en torno a 15 millones, proceden de contratos suscritos en anteriores legislaturas, y 11,5 millones son los adquiridos para poner a cero las deudas con los proveedores, y que comienza a amortizarse en 2011, puesto que tenía dos años de carencia. Otros 4,5 millones son los que restan por pagar de la Ciudad Deportiva.
