Las acusaciones de la portavoz municipal del PP, Pilar Vargas, en relación al aumento del paro en Mérida y al proceso de funcionarización en el ayuntamiento, usado según ella, para "comprar votos" por parte del PSOE, ha levantado una auténtica polvareda política y sindical. El equipo de gobierno, el comité de empresa del Ayuntamiento de Mérida, y CCOO defendieron ayer la limpieza de lo que se está desarrollando para hacer funcionarios al personal municipal, y consideran las declaraciones de Vargas una "falta de respeto" a todos los trabajadores municipales.

Desde el ayuntamiento reiteran que lo único que se pretende es "integran en un mismo régimen a todos sus trabajadores" a través de un proceso "aprobado por todos los sindicatos".

En este sentido, el presidente del comité de empresa del consistorio, Pedro Gallardo, en nombre de todo este colectivo, firmó ayer un comunicado en el que se muestra la "indignación y total desacuerdo" ante las afirmaciones de Vargas. Aclaró que la funcionarización "no supone un aumento de plantilla", sino un "cambio en el régimen jurídico del contrato", y señaló que ayuntamientos como Don Benito y Badajoz, gobernados por el PP, han hecho el mismo proceso.

Por ello, solicitó a la edil popular que "respete los procesos aprobados en mesas de negociación" y que "confíe en que los empleados públicos tienen criterio propio y libertad de decisión en sus vidas y en sus votos".

A este respecto, desde CCOO se considera que el PP busca crear "incertidumbre y miedo" entre los empleados, y que tratar de sacar "réditos políticos a un asunto estrictamente laboral".

Sin embargo, Vargas insistió ayer en sus críticas y acusaciones responsabilizando al alcalde de la destrucción de empleo.