No hay vuelta atrás. Los concesionarios de los quioscos de la plaza de España, que tienen como último plazo para el desalojo el próximo lunes a las nueve de la mañana, han presentado una acción de nulidad en el Registro Municipal que, a juicio de su representante legal, «debería paralizar cualquier actuación». Sin embargo, el gobierno municipal asegura que «jurídicamente hablando, no cabe acción de nulidad» sobre el proceso de desalojo, ya que todos los recursos que se han presentado se han resuelto a favor del ayuntamiento.

Según señala el gobierno local en un comunicado de prensa, el procedimiento de concesión de los quioscos ha sido «escrupuloso, con todos los informes técnicos y jurídicos favorables y con todas las garantías legales». Asimismo, apunta que «probablemente no haya habido en esta institución un expediente con mayor rigor jurídico y administrativo».

Por su parte, los concesionarios de los quioscos consideran que se han «incumplido» preceptos del procedimiento legal administrativo en el proceso abierto para el desalojo de los mismos, por lo que advierten de que, si el consistorio sigue adelante «podría incurrir en un presunto delito de prevaricación». El representante de los actuales concesionarios explicó ayer en un comunicado que el pasado 18 de octubre el ayuntamiento les notificó la orden de desalojo y, un día después, aprobó el expediente de licitación de los nuevos contratos de concesión de los puestos hosteleros. Sin embargo, detallan que «la ley dice que previamente habría que iniciar y resolver un procedimiento para declarar la caducidad del título habilitante», es decir, «el documento que otorgaría a los concesionarios el derecho de estar en los quioscos».

decreto de concesión // Además, los concesionarios argumentan que el 28 de octubre recurrieron el desalojo, que fue desestimado por el ayuntamiento cinco días después, por lo que requirió a los concesionarios que abandonaran los quioscos «argumentando que la concesión ha caducado». No obstante, el 22 de diciembre el ayuntamiento emitió un nuevo decreto en el que «sí se reconoce que los concesionarios tenían concesiones en vigor cuando se inició el proceso». «Este decreto anula la resolución del propio ayuntamiento de 3 de noviembre y anula, además, las multas que se les habían puesto a los concesionarios por no haber desalojado», añaden. Entienden que el consistorio debería haber iniciado un expediente «para determinar si ha caducado la concesión, incluyendo la audiencia a los interesados», pero «lo que hizo fue resolver por segunda vez y en sentido contrario el recurso que se presentó el 28 de octubre, algo que no se sostiene».

Sobre este asunto, el gobierno municipal destaca que el Juzgado número 1 y 2 del Contencioso Administrativo han denegado las ocho solicitudes de Medidas Cautelares y Cautelarísimas para paralizar los desalojos por no ajustarse a ley. A juicio del consistorio, la elección del representante de los concesionarios «no ha sido la más idónea», ya que las actuaciones seguidas, agrega, no han sido las más adecuadas, ya que «carecen de todo fundamento y rigor jurídico, así como de base legal». Por ello, el consistorio estudia tomar medidas legales ante las «gravísimas acusaciones» de esta persona contra el Gobierno local y los técnicos municipales «de falsedad en documento público, sin ninguna base jurídica, que no vamos a permitir».