El IBI social continúa alimentando la polémica entre el ayuntamiento de Mérida y la oposición. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Fernando Molina, defiende en un comunicado que su propuesta ya se está aplicando en ciudades como Granada (gobernada por el PP) o San Sebastián o Badalona (PSOE), de modo que no sería cierta la ilegalidad que denuncia el alcalde, Angel Calle.
En este sentido, indica que hay ciudades en España, que si no aplican este IBI social tienen otro tipo de "bonificaciones y/o subvenciones a los ciudadanos empadronados".
"Es el ejemplo de Portugalete --también socialista-- en el que se devuelve la tasa a familias con escasos recursos", explica Molina en el comunicado, en el que añade que "el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid hizo una propuesta similar en el 2008, de cara al ejercicio presupuestario 2009".
Por su parte, el gobierno local informó ayer sobre un informe elaborado por el Servicio de Gestión Tributaria, que concluye que no puede concederse "ningún tipo de bonificación" para las viviendas que tengan un valor catastral inferior a 60.000 euros, ni para quienes tengan ingresos inferiores al 1,5 del Salario Mínimo Interprofesional. Según informó el consistorio emeritense en nota de prensa, sí es posible "como recoge la aprobación provisional de la nueva ordenanza" una bonificación para contribuyentes que tengan el impuesto domiciliado, hasta un máximo del 5%.
Por último, según el gobierno local, todas las bonificaciones que vienen en la ley ya están recogidas por el ayuntamiento, y añadió que cualquier otra exención que se apruebe puede ser recurrida "por estar fuera de la legalidad".
