La Junta de Extremadura ha mostrado su sorpresa por "falta de conocimiento legislativo" del concejal encargado del Cementerio, Alfredo de la Rubia, quien afirmó que la ampliación del camposanto municipal fue aprobada en 1993, cuando gobernaba en el ayuntamiento el PSOE y antes de entrar en vigor el decreto de 2002 que obliga a comunicarlo al Gobierno regional.
Además añaden que, antes de la entrada en vigor de ese decreto, sobre el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, "existía y existe" una normativa nacional, de 1974.
Esta normativa nacional, sobre el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, dice en su artículo 55 que "los expedientes de construcción, ampliación o reforma de cementerios se instruirán por los ayuntamientos, con informes del jefe local de Sanidad y terminada la tramitación se remitirá a la Jefatura Provincial de Sanidad que en unión de sus informes, los elevará al gobernador civil para su aprobación definitiva".
La Junta asegura que no tiene constancia de que el ayuntamiento haya cumplido con esta obligación jurídica y recuerda a De la Rubia que "debería saber que el desconocimiento de la norma no es óbice para su falta de cumplimiento".
