Los sindicatos FSP-UGT, SPPME y CSI-CSIF, con representación en la policía, denunciaron ayer la modificación para las pruebas de policía local aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz el 26 de noviembre "nombrando al alcalde presidente del tribunal para las pruebas", algo que, a su juicio, "vulnera el artículo 60.2 del estatuto básico del empleado público al ser personal de elección o de designación política".
Según estos sindicatos este cambio "de última hora podría quedar en la calle a catorce policías". Tachan de "flagrante infracción" este hecho y consideran que "hace sospechar que hay intereses de otra índole", puesto que "este interés del alcalde en llevar personalmente el tribunal no se ha dado en los tribunales de las bolsas de trabajo del ayuntamiento", entre otras pruebas.
Estos tres sindicatos avisan que no van a consentir "ningún tipo de interpretación jurídica" que pueden derivar en más casos como ya ha ocurrido en el ayuntamiento, y que "después de más de diez años de servicio, y por errores de la Administración, los compañeros se tienen que marchar con una mano detrás y otra delante". Además, insisten en que la situación es más grave porque "no tenemos derecho a paro", afirman, "y siempre pierde el trabajador".
