El equipo de gobierno ha desestimado un recurso de reposición interpuesto en septiembre por el responsable de Extremadura 2000 de Servicios, Roberto Vázquez, contra un acuerdo de comisión de gobierno que declaraba nulo un convenio por el que el ayuntamiento aprobó venderle 50.000 metros cuadrados de terreno industrial en el polígono El Prado para construir una fábrica a Carcesa.
El convenio, aprobado en un pleno el 28 de febrero del 2002 y firmado el 1 de marzo del mismo año, también establecía que el ayuntamiento se comprometía a recalificar los terrenos donde ahora se asienta Carcesa y donde Extremadura 2000 construiría unas 1.000 viviendas.
El ayuntamiento declaró nulo el convenio alegando que Carcesa había roto las negociaciones con Extremadura 2000.
En la respuesta al recurso de reposición, el equipo de gobierno contesta que Roberto Vázquez no acredita la representación con la que actúa y que "son totalmente ajenas a la Administración municipal las relaciones contractuales entre Carcesa y Extremadura 2000 de Servicios, o si las obligaciones derivadas de aquellas se han cumplido o no por ambas sociedades mercantiles".
También indican que "no es legalmente posible la pretensión de convertir una mera exposición de intenciones en la obligación del ayuntamiento de vender directamente unos terrenos municipales".
