Más de dos décadas llevaba Mérida luchando por el reconocimiento de la capitalidad, una distinción que sí obtuvieron de sus respectivos gobiernos autonómicos otras ciudades españolas de rango similar como Vitoria, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca o Pamplona. Fue Antonio Vélez (entonces alcalde por el PSOE) quien en 1992, siguiendo el modelo de Santiago de Compostela, pidió formalmente un estatuto de capitalidad para Mérida, si bien meses antes ya Juan Ignacio Barrero (PP) había puesto sobre la mesa la necesidad de de dotar a la ciudad de un "plan especial" por su condición capitalina. Barrero brinda su apoyo a Vélez, pero ya advierte de que al PSOE no le gustará la idea. El PP e IU, con Pedro Acedo y Angel Calle como respectivos portavoces, aceptan de buen grado la propuesta de Antonio Vélez.
No obstante, fue Acedo, desde la oposición, quien presentó una moción al pleno del ayuntamiento para pedir la creación de una comisión paritaria integrada por todos los grupos municipales que se encargara de recabar información y elaborar unos estatutos para regular "el trato especial para Mérida". Vélez rechaza la propuesta alegando que era "inoportuna" porque antes había que estudiar el texto de Santiago de Compostela. Al final todo quedó en una simple "tormenta de verano", tal y como el mismo Acedo había predecido meses antes.
Y es que la idea de aprobar un estatuto de capitalidad para Mérida no gustaba al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. "Si la capitalidad cuesta a Mérida, me llevo la sede de la Junta de Mérida y santas pascuas", declaró el expresidente en julio del 96 en una entrevista en la cadena SER. Ibarra se mostró dispuesto a llevarse todas las sedes de Mérida a Badajoz, Cáceres, Don Benito o Plasencia, ciudades, dijo, que "pagarían" por que la capitalidad estuviera allí. Sus palabras, que tuvieron gran repercusión en la ciudad, fueron respaldadas por la Ejecutiva del PSOE, que sin embargo a nivel nacional sí aceptó que el Gobierno central compensara a Madrid por ser capital.
ACEDO EN LA ALCALDIA Ya en el 95, con Acedo en la Alcaldía, vuelven las reivindicaciones. El vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, insiste en que la idea de aprobar un estatuto de capitalidad para Mérida es "insolidaria" y muestra la disposición del Gobierno regional a colaborar con los consistorios "desde una perspectiva justa". Frente a la negativa de la Junta, los alcaldes de Badajoz y Cáceres, Miguel Celdrán y José María Saponi respectivamente, sí muestran su conformidad con la aprobación del estatuto de capitalidad. No obstante, meses después, Saponi matiza que solo lo aceptaría si no daña los intereses de Cáceres. Mientras tanto, Acedo insiste en criticar el trato que la ciudad recibe de la Junta de Extremadura.
En mayo del 97, en las I Jornadas Iberoamericanas de Capitales de Comunidades Autónomas, Mérida es descrita como "la peor capital" y la más desprotegida y abandonada. El foro, celebrado en Logroño, pone de manifiesto la necesidad de reconocer de forma especial el estatus de las capitales. Un mes después, la asociación 'Emérita Nostra' reclama el texto a la presidenta de la Asamblea, Teresa Rejas. El colectivo alega que el estatuto "es necesario para avanzar en un nuevo concepto de región que ponga fin a localismos estériles que solo traen más pobreza". El objetivo, dicen, es "que todos los extremeños, cuando vengan a Mérida, sientan que esta es su capital".
Las reivindicaciones continuaron hasta el 2003, año en el que se elaboró un primer borrador que nunca llegó a la Asamblea. En 2007, con el PSOE de nuevo en la Alcaldía, Angel Calle se lo reclamó al presidente Guillermo Fernández Vara en una ocasión, pero no fue hasta agosto del 2011 cuando José Antonio Monago, en una visita institucional al ayuntamiento, ratificó el compromiso del Gobierno extremeño, ahora en manos del PP, con el Estatuto de Capitalidad de Mérida. Hoy 23 años después, el texto es al fin una realidad.
