LA IMPLANTACION de la Oficina Judicial en Mérida ha despertado las críticas de los funcionarios de los juzgados de la ciudad, que temen que la llegada de los programas destinados a modernizar el servicio para hacerlo más ágil y eficaz provoque justo el efecto contrario. Las dudas entre el colectivo se fundamentan en dos razones. Por un lado, por la falta de medios materiales y humanos para afrontar este nuevo sistema de trabajo, que no implica la creación de nuevas plazas. Y, por otro, que se puso en marcha sin una verdadera negociación entre el Ministerio de Justicia y los representantes de los trabajadores. Así lo indica Cristina Plasencia, de CSIF, quien subraya que no están en contra de la oficina judicial, pero sí de la forma en la que se está implantando.