El ayuntamiento de Mérida ha sufrido un nuevo revés judicial por una sentencia del Juzgado de lo Social de Badajoz que condena al consistorio a readmitir o a indemnizar a dos trabajadores de la oficina empresarial emeritense a los que despidió en agosto del 2011.
La sentencia considera estos despidos "improcedentes", según comunican los servicios jurídicos de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Extremadura, encargada de la defensa de los dos exempleados municipales.
La "improcedencia" de los despidos se argumenta en que los contratos se hicieron en fraude de ley porque las tareas que realizaban los trabajadores iban más allá de las que se estipulaban en sus contratos y "aunque los trabajadores fueran contratados temporalmente, las funciones realizadas son habituales en el ayuntamiento" y por tanto "no se corresponden con contratos de finalización temporal". A los empleados se les contrató por "obras y servicios", explicaba el abogado del sindicato, Diego Blanco. Por tanto, al incumplirse el contrato pasan a ser "indefinidos".
Según el abogado del sindicato, estas contrataciones se hicieron gracias a una subvención de la Junta de Extremadura, aunque una parte la abonaba el ayuntamiento.
Ambos extrabajadores demandaron al ayuntamiento en septiembre de 2011 por considerar que "se habían vulnerado sus derechos y entendiendo que se había producido un despido nulo o improcedente", según informa FSP-UGT e nota de prensa.
Por ello, se condena al Ayuntamiento de Mérida a la "inmediata readmisión" de estos dos trabajadores a sus puestos de trabajo o en caso contrario al "pago de la correspondiente indemnización más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido". Los trabajadores prestaban servicio en la Oficina Empresarial desde agosto de 2009 y abril del 2010.
Por otro lado, las críticas de IU-Mérida no se han hecho esperar. Exige al equipo de gobierno que "se comprometa, al menos, a sostener el nivel de empleo público que existe en este momento en el Consistorio y readmita a los trabajadores".
Según la coalición, la sucesión de sentencias contra el Ayuntamiento en materia de personal "viene a demostrar la falta de solvencia y escrúpulos del equipo de gobierno en la gestión del personal laboral", y el aumento del gasto que debe asumir por la gestión "incompetente".
