El Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que señala que el ayuntamiento no puede anular el contrato suscrito con la empresa MDA Informática, que instaló varias unidades fijas de información electrónica sobre Mérida, por incumplimiento de la concesionaria y que la debe de indemnizar por los daños ocasionados y los beneficios dejados de percibir.
Los hechos se remontan al año 1998, cuando entre el alcalde, Pedro Acedo, y esta empresa se firmó un contrato para instalar varias cabinas en lugares turísticos estratégicos por un periodo de cinco años y un canon anual de 3.185 euros.
En mayo del 2001, un acuerdo de la comisión de gobierno decidió anular el contrato por razones de interés público, a lo que se opuso MDA por tener en vigor contratos publicitarios con terceros.
INSPECCION
Ante esta situación, técnicos municipales inspeccionaron las cabinas y en el informe señalan que de cinco puntos examinados, en cuatro les falta la acometida eléctrica y no funcionan, y la comisión de gobierno decide iniciar un procedimiento por incumplimiento. Por su parte, MDA contesta que si quiere anular el contrato debe resarcirla de los prejuicios causados. El ayuntamiento decide entonces retirar las cabinas, después de darle a la empresa un plazo de 10 días, por lo que la empresa inició un recurso que fue desestimado.
Una vez concluida la tramitación, la comisión de gobierno acordó en febrero del pasado año solicitar el dictamen del Consejo de Estado al tratarse de la resolución del contrato por incumplimiento de la concesionaria, con oposición de la empresa.
En el dictamen del Consejo de Estado, que sólo es vinculante, se señala que la empresa no ha incumplido las condiciones del contrato, como afirma el ayuntamiento, "y que sí hay voluntad de la entidad local de rescindir el contrato".
Y añade que si el contrato se anula alegando razones de interés público "comporta el deber de indemnizar a la concesionaria por los daños ocasionados y los beneficios dejados de percibir en el último quinquenio y el valor de los bienes".
El Consejo de Estado es un órgano consultivo del Gobierno.
