Nuevos pasos para favorecer la implantación de grandes empresas en Mérida. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer las bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas. Modificaciones que se aplican después de las exigencias planteadas por los promotores de la planta azucarera, pero que también beneficiarán a otras empresas más pequeñas.

«Se trata de modificar las ordenanzas para introducir bonificaciones por tramos, siendo el límite que permite la ley del 95%. La base que se toma es el presupuesto de ejecución material de obra», afirmó la portavoz municipal Carmen Yáñez. Para estas modificaciones, lo que se tendrá en cuenta además de la inversión de la obra, será la creación y el mantenimiento del empleo, teniendo que asegurar un mínimo de puestos de trabajo.

En cuanto a la tasa urbanística, se toma como base el presupuesto de ejecución de la obra y se le aplica el 76%, siendo el presupuesto máximo 10 millones de euros.Para lograr las bonificaciones será necesario presentar de manera «previa, preceptiva y obligatoria» la declaración de Utilidad Pública o de Interés Social al proyecto, que se deberá aprobar en el pleno municipal y que siempre debe estar destinada a la creación del empleo.

Las modificaciones planteadas por el ayuntamiento deberán recibir ahora el visto bueno de los grupos políticos. Como se recordará, ya el PP se había mostrado a favor de aplicarlas para favorecer la instalación de la azucarera, por lo que todo apunta que podrán aprobarse sin problemas.

Yáñez reconoció que estos cambios fiscales se producen aprovechando las peticiones de la planta, pero reiteró que no es solo para la instalación de la azucarera, sino que «así abrimos la posibilidad de que vengan más empresas».

Preguntada por las críticas de Ecologistas en Acción al proyecto dubaití y las bonificaciones fiscales, Yáñez dijo que le parece «legítimo» que se realicen alegaciones, pero insistió en la legalidad de todos los trámites.