La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Moyano, informó en rueda de prensa que el anterior gerente de la empresa de Trasportes Urbanos de Mérida, Prudencio González, cobró en el mes de abril una nómina de 56.723,44 euros, lo que calificó de "asalto a las arcas municipales". Explicó Moyano que el cobro de esta cantidad con carácter retroactivo deviene de una de las cláusulas del "contrato blindado" que se le hizo al ex gerente, en la cual se indica que los atrasos se contabilizan a partir de la ampliación del capital social de la empresa en noviembre del 2003. Así mismo, la concejala y actual presidenta del consejo de administración de Transportes Urbanos de Mérida destacó que al ayuntamiento le "parece un robo a mano armada" y que por ello lo quieren poner en conocimiento de todos los emeritenses. "Este señor en los últimos seis meses ha cobrado más de 72.000 euros, más que el presidente de la Junta de Extremadura en un año", apostilló. Las medidas que el consistorio llevará a cabo será la liquidación conforme al contrato original que tenía Prudencio González, a quien además se le requerirá por parte del ayuntamiento la devolución de los 56.723,44 euros como cobros indebidos. Por otro lado, Moyano explicó que había hablado con el ex gerente para informarle de la situación e indicarle que le había parecido un procedimiento "inmoral", a lo que, según explicó la concejala, éste le contestó que a él le parecía "totalmente moral" y que había tenido "mucha responsabilidad" en la empresa y "ése era el pago por su responsabilidad". Por otra parte, la portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Ascensión Murillo, aseguró que "nadie se puede creer" que el anterior alcalde de la ciudad no estuviera al tanto de esta circunstancia, en alusión a unas declaraciones del ex regidor a El Periódico Extremadura. Por último, pidió a los que en su día tomaron la decisión de realizar el contrato blindado, citó a Pilar vargas, Francisco Robustillo, Manuel Gámez y Alfredo de la Rubia, que den explicaciones públicas y exigió responsabilidades políticas a las personas que permitieron este contrato "lesivo" y según la portavoz "absolutamente insultante para los ciudadanos".
